El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su gabinete han sido denunciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen la protección al crimen organizado y el tráfico de drogas, lo que ha llevado a la Corte estadounidense a solicitar su detención preventiva con fines de extradición.
En respuesta a estas acusaciones, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha exigido pruebas contundentes antes de considerar la extradición de Rocha Moya. La Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que la Fiscalía General de la República no ha encontrado evidencias suficientes para proceder con la detención del gobernador.
La denuncia, que se basa en testimonios de testigos protegidos, ha generado un fuerte malestar en la sociedad mexicana, que critica la postura del gobierno federal. A pesar de la presión internacional, Rocha Moya y otros funcionarios no han renunciado a sus cargos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la aplicación del estado de derecho en México.
